El SAE y el derecho a continuar una historia familiar.
Por Osvaldo Carvajal Rodríguez, Profesor de Estado en Historia y Geografía Licenciado en Educación.
- Por décadas, Chile ha debatido sobre cómo garantizar una educación más justa, inclusiva y accesible para todos. En ese contexto nació el Sistema de Admisión Escolar (SAE), cuyo objetivo fue transparentar los procesos de ingreso a los establecimientos educacionales financiados por el Estado, eliminando prácticas discriminatorias y promoviendo la igualdad de oportunidades. Sin embargo, como ocurre con muchas políticas públicas, la experiencia práctica ha permitido advertir aspectos que requieren perfeccionamiento.
Uno de ellos es la ausencia de un mecanismo que reconozca la condición de hijo o hija de exalumno como criterio de prioridad para ingresar a un establecimiento educacional.
La actual modificación al Sistema, es una oportunidad para incorporarlo. Con esta modificación no se busca privilegios ni exclusiones. Lo que se plantea es algo mucho más profundo: el reconocimiento del valor que tienen las comunidades educativas históricas y el derecho de las familias a mantener la continuidad de un proyecto educativo que ha marcado su identidad durante generaciones.
El caso del Liceo Católico Atacama resulta especialmente ilustrativo. Fundado en 1732 bajo el nombre de Escuela de La Merced, constituye uno de los establecimientos educacionales más antiguos de Chile y el más antiguo de la Región de Atacama. Durante casi tres siglos ha formado a miles de copiapinos, acompañando la historia de la ciudad desde la época colonial hasta nuestros días.
Por sus aulas han pasado figuras tan relevantes como Pedro León Gallo, protagonista de la historia política y económica de Atacama; el historiador Carlos María Sayago; el Premio Nacional de Literatura Salvador Reyes; y el destacado educador Orlando Guaita Botta, impulsor de los Planes Olímpicos en Chile. Sin embargo, el verdadero legado del establecimiento no se encuentra únicamente en sus exalumnos más ilustres, sino en las miles de familias que generación tras generación han encontrado en él una formación académica rigurosa y una sólida educación basada en valores cristianos.
Esa continuidad familiar no es una casualidad. Los abuelos llevaron a sus hijos; esos hijos, convertidos en padres, llevaron a sus propios hijos; y hoy muchos esperan poder hacer lo mismo con sus nietos. No se trata simplemente de matricular a un estudiante en un colegio determinado. Se trata de preservar una historia común, una identidad compartida y un patrimonio cultural que pertenece a toda la comunidad.
Sin embargo, bajo las reglas actuales del SAE, una familia puede postular al mismo establecimiento donde estudiaron los padres, los abuelos e incluso los bisabuelos, y aun así ser asignada a otro colegio. La consecuencia es que el Estado, aunque sea involuntariamente, termina interrumpiendo una tradición educativa construida durante generaciones.
Resulta paradójico que el sistema reconozca como criterios de prioridad a los hermanos de estudiantes matriculados, a los hijos de funcionarios y a determinadas categorías sociales, pero no considere el vínculo histórico de quienes han sido parte de una misma comunidad educativa durante décadas o incluso siglos.
Reconocer la condición de hijo o hija de exalumno no vulnera el principio de equidad. Al contrario, lo complementa. Por esta razón, lo que se plantea es incorporar un criterio de prioridad razonable, que permita armonizar la igualdad de oportunidades con el derecho preferente de los padres a escoger la educación de sus hijos, principio expresamente reconocido por nuestra Constitución y por diversos tratados internacionales suscritos por Chile.
Más aún, esta medida contribuiría a fortalecer el sentido de pertenencia de las comunidades escolares, incentivar la participación de los exalumnos y proteger establecimientos que constituyen parte del patrimonio histórico y cultural del país.
Chile posee numerosos colegios centenarios y tradicionales, muchos de ellos vinculados a congregaciones religiosas o proyectos educativos de larga trayectoria. Estos establecimientos no son únicamente centros de enseñanza; son espacios donde se transmiten valores, tradiciones y formas de entender la vida que han contribuido significativamente al desarrollo de sus respectivas regiones.
La discusión sobre la modificación del SAE también debe considerar el valor humano y cultural de las comunidades educativas que han acompañado a las familias chilenas durante generaciones.
Permitir que los hijos de exalumnos tengan prioridad razonable para ingresar al colegio que formó a sus padres no constituye un privilegio. Constituye un acto de justicia hacia la historia, un reconocimiento a la libertad de enseñanza y una forma concreta de proteger un patrimonio educativo que pertenece a todos los chilenos.
Si el objetivo de la educación es construir comunidad, fortalecer los lazos familiares y transmitir valores a las nuevas generaciones, entonces parece razonable que la ley facilite, y no dificulte, que una familia pueda continuar escribiendo su historia en las mismas aulas donde comenzó hace décadas o incluso siglos.
