Copiapó posee el establecimiento educacional más antiguo de Chile.
René David Navarro Albiña, Abogado, Doctor en Filosofía y Lógica
Desde una perspectiva jurídico-institucional, la antigüedad de un establecimiento educacional no puede determinarse únicamente por la fecha de su nombre actual, por la del sostenedor vigente o por la última resolución administrativa que lo reconoce. Esos elementos identifican la situación jurídica de un momento determinado, pero no resuelven el problema de la identidad histórica de la institución.
En Derecho, las instituciones pueden experimentar modificaciones sin perder su identidad. Una persona jurídica puede cambiar de nombre, de domicilio, de patrimonio, de administración o incluso de titularidad, sin dejar por ello de ser la misma entidad. Del mismo modo, un establecimiento educacional puede cambiar de denominación, de sostenedor, de dependencia administrativa, de régimen jurídico o de ubicación física autorizada sin que ello implique necesariamente la creación de un establecimiento distinto. El propio sistema educacional chileno contempla trámites específicos para el cambio de nombre o de local de un establecimiento, precisamente porque tales modificaciones no equivalen, por sí mismas, a su extinción y nueva fundación.
Por ello, la cuestión decisiva no consiste en preguntarse cuál es el colegio que conserva el nombre más antiguo, sino cuál es el establecimiento cuya identidad institucional ha permanecido vigente a través del tiempo, y en ese contexto, cuál es la más antigua.
Para responder esa pregunta deben analizarse criterios objetivos. El primero es la continuidad institucional. Debe verificarse que no exista un acto de extinción de la institución, sino una sucesión de administradores, congregaciones, sostenedores o autoridades que continúan desarrollando la misma obra educativa. Los cambios de nombre o de administración constituyen modificaciones organizativas, no necesariamente la creación de un establecimiento nuevo.
Desde el punto de vista de la lógica y de la ciencia jurídica, no es lo mismo la esencia que los accidentes. Si la esencia se mantiene, los cambios accidentales no invalidan el ente en sí.
El segundo criterio es la continuidad funcional. Si la finalidad de la institución, esto es, su teleología, permanece siendo la educación y existe una sucesión reconocible y visible entre sus distintas etapas históricas, la identidad institucional puede mantenerse aun cuando cambien sus estructuras jurídicas.
El tercero corresponde a la continuidad documental. La institución debe poder reconstruir, mediante archivos, crónicas, reglamentos, resoluciones, libros de matrícula, publicaciones y demás fuentes históricas, una línea ininterrumpida que enlace cada una de sus etapas.
El cuarto es la continuidad material. Las instituciones históricas no existen únicamente como categorías jurídicas; existen también a través de sus edificios, iglesias, patios, archivos, imágenes, mobiliario, libros, monumentos, reliquias y demás bienes materiales que objetivan su permanencia. La identidad institucional se manifiesta también en esos elementos que sobreviven al paso de las generaciones.
Finalmente, existe una continuidad histórica, expresada en la memoria objetiva de la comunidad educativa, conservada en documentos, relatos institucionales y fuentes historiográficas que permiten reconocer la misma institución bajo distintas denominaciones.
Aplicando estos criterios al caso del Liceo Católico Atacama, el argumento adquiere una estructura mucho más sólida que la mera afirmación de haber sido fundado en 1732. Lo que debe sostenerse es que la actual comunidad educativa constituye la continuación histórica de la Escuela de La Merced fundada ese año. El trabajo del historiador copiapino don Osvaldo Carvajal, reúne antecedentes que permiten reconstruir esa continuidad: la fundación de la escuela mercedaria en 1732; su establecimiento en el mismo conjunto conventual; la permanencia de la enseñanza durante los siglos XVIII y XIX; la sucesión de congregaciones religiosas; los cambios de denominación; la incorporación de nuevos niveles de enseñanza; y la conservación del mismo núcleo institucional hasta el actual Liceo Católico Atacama.
En este punto cobra especial importancia la obra de Carlos María Sayago. Su Historia de Copiapó no sólo proporciona fechas, sino que permite identificar la continuidad del convento, de la iglesia, de la escuela y del solar donde se desarrolla la labor educativa. Al describir las donaciones fundacionales de María Bravo de Morales y de Juan Antonio Gómez Granizo, y al identificar el emplazamiento del convento de La Merced, Sayago aporta evidencia sobre la permanencia material de la institución a través del tiempo.
En consecuencia, la afirmación de que un establecimiento es el colegio vigente más antiguo de Chile no puede fundarse exclusivamente en la fecha de una resolución ministerial, en la personalidad jurídica actual o en la denominación que hoy utiliza. Debe fundarse en la demostración de una continuidad histórica, institucional, funcional, documental y material, que permita concluir que, pese a las transformaciones experimentadas durante casi tres siglos, la institución que hoy existe es lógica, jurídica e históricamente la misma que comenzó su labor educativa en 1732. Esta afirmación está acreditada objetivamente, puede sostenerse con total validez, con fundamento lógico, historiográfico, fáctico y jurídico, que se trata del establecimiento educacional vigente más antiguo del país.
