La infancia no admite zonas grises
Por Katia Riveros Zepeda, Educadora de Párvulos, Profesora de Educación Diferencial, Magister en Educación, y Doctoranda en Educación y Eco transformación
Hay temas respecto de los cuales una sociedad puede legítimamente discrepar. Podemos debatir sobre economía, migración, educación, seguridad o políticas públicas. Sin embargo, existen ciertos principios que deberían situarse fuera de toda controversia. Uno de ellos es la protección irrestricta de la infancia.
Los niños y niñas no pertenecen a gobiernos, partidos políticos, instituciones ni ideologías. Pertenecen al ámbito de aquello que una comunidad considera sagrado. Y precisamente por ello, cualquier duda respecto de su bienestar, su integridad o su paradero debería activar las máximas alarmas del Estado y de la sociedad en su conjunto.
He tenido la responsabilidad de viajar al extranjero acompañando delegaciones de niños , niñas y adolescentes. Quienes hemos vivido esa experiencia sabemos que no existe espacio para la improvisación. Reuniones con la Policía de Investigaciones, coordinaciones con autoridades, autorizaciones notariales, certificados, copias digitales, carpetas físicas, verificaciones cruzadas, contacto permanente con las familias y protocolos que deben cumplirse rigurosamente. Todo ello para una salida temporal de pocos días.
Y así debe ser.
Porque cuando se trata de niños, el exceso de cuidado nunca constituye un problema.
Por eso resulta imposible no preguntarse cómo un país capaz de desplegar semejantes niveles de control para una gira escolar enfrenta hoy interrogantes respecto de la trazabilidad de menores que ingresaron bajo procesos de reunificación familiar. No corresponde adelantar juicios ni reemplazar el trabajo de la justicia. Pero sí corresponde formular preguntas que cualquier ciudadano tiene derecho a plantear.
¿Cómo se verificaron los vínculos familiares? ¿Qué controles se realizaron? ¿Qué organismos participaron? ¿Qué seguimiento posterior existió? ¿Quién tenía la responsabilidad de asegurar que cada niño llegara efectivamente al lugar y a las personas para las cuales se autorizó su ingreso?
Estas preguntas no son un ataque a la migración. Tampoco constituyen una sospecha sobre las familias haitianas que buscan construir una vida mejor. Confundir ambas cosas sería un grave error.
La protección de la infancia no distingue nacionalidades.
Un niño haitiano merece exactamente la misma protección que un niño chileno, venezolano, colombiano o peruano. Los derechos de la infancia no conocen fronteras ni pasaportes.
Lo verdaderamente preocupante es otra cosa: la posibilidad de que la burocracia, la descoordinación institucional o la negligencia hayan debilitado mecanismos que existen precisamente para proteger a quienes más protección requieren.
Cuando una niña o un niño desaparece hablamos de una alerta ética de la máxima gravedad.
La historia contemporánea está llena de episodios que comenzaron con pequeños vacíos de información y terminaron revelando redes de abuso, explotación o vulneración de derechos. Por eso las sociedades democráticas aprendieron una lección fundamental: frente a la infancia no existen las zonas grises.
No basta con afirmar que los procedimientos se cumplieron. Es necesario demostrarlo. No basta con confiar en que todo salió bien. Es necesario verificarlo. No basta con esperar que las instituciones funcionen. Es necesario exigir que rindan cuentas.
La infancia no puede quedar atrapada entre disputas políticas, responsabilidades cruzadas o declaraciones defensivas. Cuando se trata de niños y niñas, el estándar debe ser absoluto.
Porque una sociedad se mide, en última instancia, por la forma en que protege a quienes no pueden protegerse solos.
Y en esa materia no caben relativizaciones, cálculos ni excusas.
La defensa de la infancia debe ser siempre implacable.
Existe además un riesgo que resulta particularmente inquietante: que el dolor, la incertidumbre o la preocupación legítima por la situación de estos niños termine siendo utilizada como herramienta de disputa política.
Sería una forma adicional de vulneración.
Cuando la infancia ingresa al campo de batalla de las conveniencias partidarias, los niños dejan de ser sujetos de derechos para convertirse en argumentos. Y no existe degradación más profunda para una democracia que instrumentalizar a quienes precisamente dependen de la protección de los adultos.
Si hubo negligencias, deben investigarse. Si existieron responsabilidades institucionales, deben establecerse. Si hubo delitos, deben sancionarse con todo el rigor de la ley. Pero ninguna de esas tareas puede desarrollarse desde el oportunismo ni desde la explotación política del miedo.
La infancia exige algo distinto: verdad antes que propaganda, responsabilidad antes que cálculo electoral y protección antes que cualquier interés ideológico.
Los niños y niñas no son patrimonio de un gobierno ni de una oposición. No pertenecen a la izquierda ni a la derecha. No son un recurso comunicacional ni una oportunidad para acumular ventajas políticas.
Son, sencillamente, aquello que una sociedad tiene el deber ético y moral de resguardar por encima de cualquier diferencia.
Por eso, frente a una situación de esta gravedad, la pregunta no debería ser quién obtiene réditos políticos, sino qué estamos haciendo, como país, para asegurar que cada niño y cada niña estén donde deben estar: protegidos, acompañados y plenamente reconocidos por las instituciones llamadas a velar por ellos.
Las niñeces no pueden convertirse en votos, titulares ni trincheras.
La infancia merece algo mejor que eso.
